Leiv Eiriksson es una plataforma de exploración marítima del tipo semisumergible, con bandera de las Bahamas y que que fue contratada por dos compañías británicas:  Borders & Southern Plc y Falkland Oil and Gas Ltd. (FOGL).

Fue fotografiada en 2012 por una nave de la aviación naval durante un vuelo de rutina de control marítimo, a una distancia de 547 millas náuticas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.

La reciente decisión del Reino Unido de realizar nuevos ejercicios y maniobras militares en nuestra región del Atlántico Sur- sobre cuya inminencia, el Servicio Hidrográfico Naval alertó en las últimas horas-, reactualiza la centralidad de la problemática Malvinas y la imperiosa necesidad de adoptar posiciones diplomáticas regionales firmes e inteligentes, sobre la base de la denuncia permanente de los actos guerreristas británicos, que constituyen una verdadera amenaza a la paz y seguridad internacionales.

Estos aprestos militares- que no son nuevos y que forman parte, lamentablemente, del rutinario accionar británico en las islas-, se llevarán a cabo entre el 19 y el 26 de octubre próximo, en un escenario políticamente enrarecido luego de algunos hechos que nos parece fundamental poner sobre la mesa. En el alerta señalado, el Servicio Hidrográfico Naval afirma que “las fuerzas militares inglesas que en forma ilegal ocupan el territorio argentino de las islas Malvinas han notificado que realizarán un ejercicio de armas que incluye el lanzamiento de misiles”1.

En efecto, esta nueva provocación británica, ocurre a un mes de la declaración conjunta que ambos Gobiernos dieron a conocer el 13 de septiembre pasado2. Esa declaración, instaba a encarar discusiones y reuniones para avanzar en los más diversos campos de la relación bilateral- desde la cuestión de los vuelos y el vínculo de las islas con el continente, pasando por la pesca, hidrocarburos, inversiones y comercio-, lo cual generó una verdadera conmoción en todo el arco político-institucional y en diversos sectores sociales, a tal punto que tanto la Canciller Malcorra como el Vicecanciller Foradori debieron comparecer ante las respectivas Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de “aclarar” los alcances de lo firmado, más aún teniendo en cuenta el permanente reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Asimismo, en el contexto de la Asamblea anual de las Naciones Unidas en Nueva York, se produjo un encuentro informal entre el Presidente Macri y la flamante Primera Ministra británica Theresa May, luego del cual el Primer Mandatario expresó que los británicos estaban dispuestos a discutir, en un tiempo determinado, la cuestión de la soberanía. Este malentendido, furcio, error de principiante, o como se lo quiera llamar, generó la inmediata aclaración oficial de la Cancillería argentina, que remarcó que sólo se trataba de una declaración para avanzar paulatinamente en una agenda positiva y que la cuestión de fondo de ninguna manera sería puesta en discusión3.

Por último, es fundamental tener en cuenta otro aspecto no menor en el derrotero descrito. Nos referimos a la candidatura de nuestra Canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Como ya es de público conocimiento, sus aspiraciones han quedado truncas y se ha conocido que, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Federación Rusa vetó su candidatura4 y también ha circulado la versión, todavía no confirmada, que recibió el veto del Reino Unido; sin embargo, lo realmente inquietante es que, en el marco de esa compulsa, se produjeron las declaraciones de acercamiento con el Reino Unido y la firma de esta “declaración conjunta”, lo cual nos lleva a preguntarnos si realmente se ha tomado nota de la gravedad y prioridad político-institucional y diplomática que comporta la cuestión Malvinas y la política regional en el Atlántico Sur.

En concreto, el conjunto de hechos referidos deben servirnos a modo de fuerte advertencia para retomar una senda clara y vigorosa en el reclamo soberano sobre las Malvinas y el Atlántico Sur, ya que Gran Bretaña ha operado y lo seguirá haciendo en función de intereses permanentes, críticos y vitales para su propia proyección de poder en la región, más aún en la perspectiva de la consolidación de las actividades económicas de la pesca y los hidrocarburos, que tienen como telón de fondo, a su vez, la proyección y control geoestratégico sobre la Antártida.

En este escenario, no debe perderse de vista que en marzo de 2016, la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental- que funciona en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar-, ratificó la propuesta de demarcación del límite exterior de la plataforma continental realizada formalmente por Argentina en 2009, luego de años de estudios complejos y de diversas misiones oceanográficas. Ello significó que, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, la Argentina sumara 1.700.000 kilómetros cuadrados a su superficie, que se suman a los 4.800.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas5.

Aquí hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno kelper ha desarrollado, desde hace casi treinta años, una “exitosa” explotación económica de las riquezas ictícolas existentes en el mar territorial y la plataforma continental de las islas Malvinas, generando un “efecto riqueza” nunca antes conocido por esta población implantada artificialmente hace ya dos siglos por los británicos. Estos extraordinarios ingresos se han sustentado en las licencias pesqueras que el Gobierno kelper ha otorgado ilegalmente, desde hace tres décadas, para consumar la explotación de uno de los principales recursos de la región.

Hoy, ante un contexto geopolítico mundial acuciante en términos de lucha por el control y el acceso a recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos y minerales, las Malvinas y el mar circundante, son parte de un renovado interés geoestratégico de los británicos y los kelpers, asociado, esta vez, a la potencial explotación de las riquezas hidrocarburíferas existentes.

En efecto, en la última década, la potencia colonial ocupante, ha sido el garante de un avance significativo del Gobierno kelper en materia de prospección y exploración hidrocarburífera, a tal punto que, si bien estamos lejos de tener un escenario de reservas probadas que posibilitarían una explotación masiva en el corazón del Atlántico Sur, sí estamos ante la eventualidad que los kelpers comiencen a explotar, en forma acotada, algunas de las áreas que ya han sido exploradas en los últimos años.

Ello es lo que está ocurriendo, a modo de caso paradigmático, con el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las islas, donde hay prospectos de explotación acotada que podrían comenzar a extraer hidrocarburos entre 2017 y 2020. Por cierto, una coyuntura de precios del petróleo a la baja, como la que se vive actualmente, sumado a los extraordinarios costos de explotación asociados a las difíciles condiciones geológicas y climáticas de la región, junto con el exorbitante costo de las plataformas de extracción offshore, configuran obstáculos serios y persistentes a la hora de evaluar la celeridad con la que podrían avanzar estos proyectos.

Por ende, si bien esta particular situación de la coyuntura conspira contra la factibilidad de un masivo escenario de exploración y explotación hidrocarburífera, no es menos cierto que existe una planificación consciente por parte del Gobierno británico, la Administración kelper y empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration y Falkland Oil & Gas- todas británicas- o Noble Energy- estadounidense-, para consolidar una presencia en la región y avanzar todo lo posible en los futuros proyectos exploratorios y de explotación6.

Esta decisión, debe analizarse vis a vis al objetivo británico de consolidar su presencia naval en esta región estratégica en el mundo, como así también en el contexto del declinante escenario productivo que este país afronta en el Mar del Norte, donde el petróleo de fácil extracción comienza a escasear y se necesitan explorar nuevas alternativas en materia de aprovisionamiento futuro de recursos fósiles, cuyo control y acceso es aún tan crítico como hace más de cincuenta años. A su vez, los mares comienzan a ser un escenario de creciente conflictividad, y no sólo entre grandes potencias como Gran Bretaña, China o Estados Unidos, sino entre potencias de mediana capacidad de poder, todo lo cual haría previsible que las competencias interestatales por recursos minerales e hidrocarburíferos que podrían extraerse de los mares se incrementen, generando disputas por el control y el acceso a las áreas de plataforma continental y zonas exclusivas entre países con litoral marítimo.

Por ende, ante este preocupante cuadro de situación, y ante la agresiva actitud del Reino Unido, estimamos fundamental que el Gobierno de la República Argentina, utilice todos los recursos diplomáticos y político-institucionales posibles, no sólo para denunciar la recurrente posición militarista de los británicos en el Atlántico Sur, sino también para obstruir- por las vías legales conducentes y en un marco de respeto a la paz y la seguridad internacionales- las continuas decisiones unilaterales que la Administración kelper toma con el inocultable apoyo británico que, desde hace décadas, se niega a sentarse a la mesa de negociaciones para tratar la cuestión central del reclamo soberano argentino, al tiempo que no deja pasar oportunidad para consumar nuevos actos de fuerza, que alejan el escenario futuro de una solución definitiva al conflicto a través de negociaciones bilaterales.

En este contexto, creemos que las continuas declaraciones en los ámbitos regionales de integración favorables al reclamo soberano argentino, como las que se propician en el Mercosur, Parlasur, Unasur, Celac, OEA o las misas Naciones Unidas, forman parte de un valioso esquema de concertación y cooperación regional que ha permitido que la presión diplomática sobre el Reino Unidos crezca de manera significativa, generando un margen de maniobra diplomático mucho más sólido para la Argentina. De hecho, con todas sus contradicciones a cuestas, la administración anterior había dado pasos muy firmes para sostener una estrategia diplomática colectiva, pacífica y permanente sobre la problemática del Atlántico Sur.

Sin embargo, la lógica de intervención diplomática en distintos foros de alcance regional y mundial, no es suficiente, dada la magnitud del problema de dimensiones geopolíticas concretas que tenemos entre manos en la región del Atlántico Sur. Ante ello, resulta fundamental identificar los intereses empresariales británicos o de cualquier otro país que hoy están presentes en las actividades económicas ilegalmente realizadas en las islas y en los frentes marítimos usurpados, a los efectos de obstruir la posibilidad que continúen en un ejercicio de ilegalidad manifiesta, a través de la denuncia y la afectación de sus intereses en materia de inversiones.

En este plano, nuestro país cuenta con un instrumento normativo vigente- la ley 26.659, sancionada en 2011- que impide que cualquier empresa, sea nacional o extranjera, pueda acceder a explotaciones de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina.

En forma complementaria, hacia fines de 2013, esta legislación fue parcialmente modificada a través de la ley 26.915, mediante la que se establecieron multas concretas medidas en valores volumétricos de crudo, junto con penas efectivas de prisión e inhabilitación para todos aquellos agentes económicos que estuvieran realizando tareas exploratorias o de explotación de hidrocarburos en el mar territorial argentino y en la Plataforma Continental Argentina.

A su vez, no sería descabellado encarar una evaluación integral sobre determinadas medidas a adoptar con los activos británicos en sectores estratégicos de la economía nacional, como es el caso de la participación de British Petroleum asociada a Pan American Energy y a los chinos de CNOOC en Cerro Dragón, principal yacimiento hidrocarburífero del país.

Estas normativas, si bien constituyen herramientas importantes que le darían al Estado argentino la posibilidad de imponer costos y obstruir el camino de la política de hechos consumados que los británicos perpetran en el Atlántico Sur, deben ir de la mano de un replanteo estratégico integral de las distintas capacidades estatales que deben intervenir para asegurar su cumplimiento.

Es aquí donde nos encontramos en serios problemas, ya que las referidas capacidades estatales, remiten no sólo a los instrumentos efectivos que, desde lo normativo hasta lo impositivo y fiscal deben ponerse en marcha, sino a las capacidades de producción de inteligencia estratégica militar y de disuasión efectiva que todo país debe tener para asegurar la protección de sus intereses vitales y estratégicos ante una amenaza permanente, como la que comporta Gran Bretaña con la consolidación de su status colonial en el Atlántico Sur. Este costado de la problemática no es menor, ya que resulta imprescindible contar con instrumentos y logística para la realización de inteligencia estratégica en áreas claramente vinculadas con la defensa de nuestros intereses vitales y, en tal sentido, no deja de ser elocuente que la advertencia formal sobre la realización de nuevos ejercicios militares por parte del Reino Unido, haya provenido del reporte náutico del Servicio de Hidrografía Naval. Ante ello, lo peor que podría hacerse es convertir en “rutinarios” estos aprestos británicos, ya que, entre otras cuestiones, ponen el foco en la incapacidad estructural de nuestros sistemas de defensa en pos de proveer un entorno estratégico seguro, confiable y predecible para nuestros intereses vitales.

Este último punto no es menor, ya que las sucesivas administraciones nacionales, en los últimos 25 años, han sido copartícipes de un deterioro institucional y operativo de todo el sistema de defensa nacional- que incluye desde el instrumento militar hasta la capacidad de generar información relevante que sea útil para comprender posibles escenarios conflictivos o amenazantes a nuestros intereses nacionales-, lo cual nos ha dejado en una posición relativa altamente vulnerable en el sistema internacional. Asimismo, no deja de ser inquietante la acumulación de serias sospechas, en los últimos años, sobre el “ilegal uso” de parte de esos recursos para la realización de tareas ligadas a “espionaje interno” que, como es de público conocimiento, están taxativamente prohibidas por nuestro marco normativo en materia de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

Sin embargo, más allá de estos claroscuros, durante los últimos años, se registraron tímidos ensayos de coordinación colectiva en el marco de la nueva institucionalidad creada, como el Consejo Sudamericano de Defensa. Ello había posibilitado el margen de maniobra para comenzar a discutir regionalmente una agenda común en la materia, uno de cuyos ejes centrales, ha sido la profundización de las acciones tendientes a consolidar el Atlántico Sur como zona de paz, lo cual constituye ya un activo simbólico y real de nuestro acervo político-diplomático.

Ante el preocupante cuadro internacional, regional y nacional que hemos descrito en la presenta declaración en lo que respecta al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, estimamos fundamental que nuestra dirigencia política asuma, de manera responsable, la continuidad de activas acciones diplomáticas y político- institucionales en todos los ámbitos regionales y mundiales, promoviendo no sólo las vías adecuadas para la solución pacífica de la controversia, sino la abierta denuncia del inaceptable proceso de militarización que los británicos están consolidando con su ocupación colonial en el Atlántico Sur, al tiempo que debemos garantizar un proceso gradual de reconstrucción de nuestras capacidades estatales nacionales que nos permitan, en el largo plazo, ejercer nuestra soberanía política y económica, de manera previsible y en un marco de consolidación de la integración regional, preservando al Atlántico Sur como zona de paz y libre de proliferación de todo tipo de armas de destrucción masiva.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2016

1 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311841-2016-10-15.htm
2 http://www.lanacion.com.ar/1937581-malvinas-avance-entre-la-argentina-y-gran-bretana-sobre-vuelos-y-petroleo
3 http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309906-2016-09-21.html
4 http://prensa.cancilleria.gov.ar/new-york-times-russia-blocked-malcorras-un-bid
5 http://www.lanacion.com.ar/1883979-soberania-y-recursos-ejes-del-fallo-de-la-onu-sobre-la-extension-territorial
6 http://www.cronista.com/financialtimes/La-caida-del-crudo-no-desalento-a-las-petroleras-en-Malvinas-20150320-0071.html

Autor: Gustavo Lahoud

Fuente: www.libreseiguales.org

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