Dossier Fracking

  • La panacea del Fracking, frente a la realidad innegable

    El fracking o fractura hidráulica es una actividad por la cual se hace posible extraer gas y petróleo del subsuelo, una técnica considerada altamente perjudicial para la naturaleza y consecuentemente para la vida humana y animal también.

     
  • Pozos abandonados en Comodoro Rivadavia

    Se menciona que en el radio urbano de Comodoro Rivadavia tenemos un legado de unos 2500 pozos abandonados, resultantes de más de un siglo de explotación petrolera en la zona.

     
  • Breve mirada Geopolitica del Fracking

    Uno de los elementos fundamentales en nuestra vida cotidiana como seres humanos insertos en un sistema y en un planeta es el petróleo, que junto con el gas natural conforman los hidrocarburos. 

     
  • Hacia una ecología política del fracking en la Patagonia Argentina

    Los conflictos que giran en torno al fracking en la Patagonia Argentina ponen en evidencia visiones contrapuestas sobre lo que implica en términos económicos, sociales y ambientales la explotación de hidrocarburos.

Los derrapes de una política a medida de las empresas.

 

R. Gómez Mederos
GENSUR – Observatorio Geopolítico de la Energía y Soberanía - FeTERA

A principios de 2016 el gobierno de Macri dejó muy claro cuáles iban a ser los ejes principales de su política energética, que por cierto dejaba entrever con bastante claridad, y frialdad, la posición del gobierno respecto de uno los temas más sensibles y determinantes para la población, pero también, queda más que solidificada la posición del gobierno, mediante todos los anuncios del ministro Aranguren, que evidencia una estrategia en beneficio de las empresas del sector y de todo el conglomerado de empresas que manejan la energía en Argentina, tanto en el sector upstream como en el downstream.


Pero la modificación sustancial, que además es la que más afecta a la población y que impacta de lleno en toda la cadena de comercialización y transporte, es el aumento del precio de los combustibles, atados a una política de liberalización de los precios, implementado después de 16 años de una política que progresivamente iba marcando este camino, lo cual modifica de lleno el esquema de comercialización, que está regido por la convergencia paulatina de los precios internos con los internacionales, sumado a la cuantificación en alza de los niveles de productividad en el sector upstream, plasmado a partir del acuerdo de los sindicatos del rubro con el gobierno, que entre distintos items contempla: jornada laboral de 8 horas de lunes a viernes para operación y mantenimiento de pozos, que reemplaza la actual que incluye fines de semana con doble paga, la eliminación de horas extras, el recorte de los operarios a la mínima cantidad por pozos, con las exigencias de súper-explotación que esto requiere, la eliminación de las horas taxis prevé una modificación en los ítems en el sector laboral que el gobierno modificaría con la llamada Reforma Laboral, esto como algunos de los puntos más sobresalientes del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos.


El esquema de la reducción de los precios de costo promedio de perforación y explotación por pozo, está vinculado a toda la estrategia de maximización de las ganancias de las empresas y a la garantía de viabilidad de estas ganancias a favor de todo el conglomerado de compañías y oligopolios vinculados al rubro energético, lo anteriormente dicho se enlaza a su vez con una política de liberación de precios de combustibles que por ahora intenta varias medidas, algunas insólitas, a saber: YPF, que maneja el 55% del mercado minorista , pretende cobrar distintos precios de nafta, según la zona y demanda, la disponibilidad de los productos, inclusive el horario. Otra de las medidas tiene que ver con que la empresa dejara de comunicar las modificaciones de los precios, acompasándose con la política de las competidoras del sector privado, también habilitadas para modificar el precio de los combustibles para el consumo del mercado automotor, a pesar de que todavía no hay fecha para la aplicación de la medida, todo hace prever que las modificaciones en la estrategia no sería tan paulatina, tanto para la sectorización de los precios como para el aumento, estarían enmascarados por este mutismo mediático de no informar la modificación de los precios. De hecho el llamado Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la industria hidrocarburifera iba a concluir el 31 de diciembre de 2017, pero el alza de los precios internacionales empujó a la administración Macri a adelantar la liberación de los precios de los combustibles, y una reformulación de la estrategia energética vinculada a los combustibles.


El acuerdo de ajuste de los precios, solo ha sido consensuado con el sector empresarial exclusivamente; las audiencias públicas hechas para debatir públicamente el panorama de tarifas, la cual no eran vinculantes, solo ha servido de pérdida de tiempo para los sectores consumidores que no acordaron estas subas; la lógica del acuerdo con las petroleras fue marcada por la convergencia con el precio internacional de barril de crudo, un esquema de costos laborales a la baja, un ajuste intenso sobre los costos operativos en el sector upstream, y un dólar movido acorde a una lógica exportadora de súper ganancias.


La rentabilidad de las empresas y las inversiones, según el gobierno, estaría asegurada, sobre todo lo primero por este esquema que supera el acuerdo que fijaba un procedimiento que consistía en que si el precio internacional de referencia, en este caso del barril Brent, superaba durante 10 días consecutivos los USD 54 previsto para el crudo local tipo Medanito quedaría suspendido el acuerdo con las empresas.


Cabe recordar que todo lo articulado como política económica energética desde el 2012 por lo menos ha tenido al sector secundario con aumentos paulatinos, que en algunos casos, aunque imperceptibles, fueron alimentando una suba constante de los combustibles hasta llegar a lo que hoy se conoce como liberalización.


El promedio hasta noviembre de 2015 era del 8 %, pasando desde ese momento al 12 %, lo cual indica que en ese momento el camino de las subas no tenía retorno alguno, a pesar de una baja paulatina de los precios internacionales desde 2014, la que rondaba el 80% promedio.


A pesar que el promedio más alto se dio entre noviembre y diciembre de 2015 con el 12-13 %, estos aumentos todavía no tenían el influjo directo de la devaluación que a principios de 2016 sumaba el 30 % aproximado. El total acumulado desde mayo de 2012 hasta el pasado julio de 2017, 280 % aproximadamente, al que hay que agregarle el ítems de la devaluación a partir de principios de 2016. Todo en un contexto de retracción de la economía que hasta la fecha no ha parado, inclusive se ha ido agravando, a partir de una catarata de cesantías en distintos sectores del Estado, como también en el sector privado ligado a la industria, sobre todo, pequeñas industrias y productores, todo esto sumado a una inflación que retrae muchos sectores sensibles de la economía.


Los beneficios que han recibido en el periodo macrista las empresas ligadas a la energía son de una dimensión de extremo privilegio; solo en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal firmó una serie de convenios económicos con algunas distribuidoras eléctricas y municipios por la suma de 25000 millones de pesos, es decir 1300 millones de dólares en subsidios.


Alguna de las empresas beneficiadas con la excusa de la suba tarifaria incluyen 7 distribuidoras y las 4 empresas vinculadas al sector de transporte y distribución energético, además de la transnacional Bagó que tiene presencia en 22 países con sus productos, además Sancor, La Esperanza entre otras. La distribuidora Edenor fue beneficiada con 11.606.509 pesos, EDELAP por 3.600.000, EDEA con 4.500.000 pesos aproximadamente.


Además de un esquema de beneficios a las compañías vinculadas al transporte y distribución eléctrica, el sector petrolífero y gasífero, entre el periodo 2013-2015 solamente, han recibido 10.000 millones de dólares; contando lo recibido en el año 2016, en conceptos por sostener el llamado barril criollo, lo cual ha producido una brutal transferencia hacia el sector hidrocarburifero por 5000 millones de dólares.


La estrategia de la administración Macri, supone una transferencia estructural hacia los sectores corporativos, tanto del sector primario (upstream) como el sector secundario (downstream) y los vinculados a la distribución y transporte de la energía.


Este esquema no contempla una verdadera política, soberana y tendiente a recuperar la energía como un bien común y un derecho humano. Solo queda organizarse para proyectar una verdadera política energética con los valores antes mencionados, en esta lógica deben jugar los trabajadores, las organizaciones sindicales del rubro y los consumidores.

Notas:


Saqueo, importación y exportación de los bienes energéticos. R Gomez Mederos
Gobierno Macri. Primeras medidas en el sector hidrocarburífero. Entre la renta y los subsidios. Gustavo Lahoud
Gobierno Macri. Notas sobre el panorama energético en tiempos de flexibilización y apertura. Gustavo Lahoud

Revista ESNA #11 – Abril y Mayo 2018

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